Vicente Guerrero y los Derechos Humanos: a 180 años de su muerte

Vicente Guerrero fue fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapam. Había nacido el 10 de agosto de 1782 en Tixtla, en el estado que hoy lleva su nombre. Era arriero y armero hasta que se incorporó a la guerra de Independencia bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana, cuando Morelos llegó a levantar la región en noviembre del año del Grito de Dolores. Pronto ascendió por su valor y entrega a la causa, encabezando a negros e indígenas de las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Muertos Hidalgo y Morelos, al contrario de otros dirigentes insurgentes, no aceptó el indulto que se le ofreció en más de una ocasión, incluso bajo el ruego de su padre, y logró mantener desde 1815 la lucha en contra del imperio español mediante la guerra de guerrillas en las tierras sureñas. Ahí despertó el mito de invencible por reaparecer vivo en varias ocasiones en que se le consideró muerto en combate. Sumadas sus fuerzas a Iturbide mediante el Plan de Iguala de 1821, sería uno de los pilares de la consumación de la Independencia de México.

Luego del fallido imperio iturbidista, contra el que lucharía para deponerlo al sumarse al Plan de Casa Mata que propuso instaurar un gobierno republicano, y en el que resultaría con una herida en la batalla de Almolonga de la que nunca se recuperaría, formaría parte como suplente del triunvirato que se formó antes de la elección constitucional de don Guadalupe Victoria, como primer presidente de México.

Al término de la presidencia de éste, Guerrero competiría con Gómez Pedraza por la primera magistratura. En las segundas elecciones presidenciales de México, el partido yorkino o popular se dividiría. El candidato de los imparciales, como se denominó al sector moderado de los mismos, Manuel Gómez Pedraza, aliado a los escoceses o conservadores, triunfa por un escaso margen frente a Vicente Guerrero, candidato del ala radical y popular de los yorkinos y de los desarrapados. En algunos lugares como la ciudad de Oaxaca, hubo tal pasión en el proceso que varias personas resultaron muertas en una confrontación entre los "aceites", sobrenombre como se conocía a los viejos iturbidistas y partidarios del orden colonial, protegidos por las milicias cívicas, y quienes sufrieron las bajas, "los vinagres", artesanos, gente del pueblo y sectores medios del recién creado Instituto de Ciencias y Artes, partidarios de la causa guerrerista en las elecciones primarias para nombrar electores; dentro de ellos estuvo el joven Juárez. La elección presidencial era indirecta en tercer grado y eran los congresos locales que votaban por dos nombres y el congreso nacional hacía el cómputo.

Habían votado 18 de 19 legislaturas (Durango no lo hizo). Gómez Pedraza obtuvo once votos, Vicente Guerrero 9, Anastasio Bustamante 6, y los otros siete candidatos obtuvieron uno o dos votos cada uno. A Gómez Pedraza le correspondía asumir el cargo. Pero los sectores populares tenían otro candidato.

Como cada congreso local emitió dos votos: para presidente y para vicepresidente, y éstos se contaron juntos, sin distinguir si iban para uno u otro cargo, se generó gran inconformidad popular, primero con el Plan de Perote lanzado por Antonio López de Santa Anna. En él se declaró que la voluntad del pueblo era elegir a Guerrero y tuvo eco en otras partes del país, finalizando en noviembre de 1828 con el Plan de la Acordada en la ciudad de México, que ocasionó el saqueo del Parían, y el respaldo del congreso nacional a revisar la votación. Al declararse insubsistentes los votos de Pedraza, se elige a Guerrero con 15 votos como presidente; y su vice-presidente sería Anastasio Bustamante, a la postre su verdugo.

Guerrero no pudo terminar sus cuatro años de gobierno que inició el 1 de abril de 1829 y finalizó poco más de ocho meses después, a mediados de diciembre de ese año. Las disputas políticas en torno a las cuales estaba la definición de la nueva nación, su forma de llegar al poder y varios de sus decretos, que encerraban elementos de una verdadera lucha de clases, terminarían con su mandato. El 4 de diciembre en Jalapa, surge un alzamiento para derrocarlo encabezado por el vicepresidente Bustamante. El 16 de diciembre de 1929 Guerrero sale a combate, previo permiso del congreso y del nombramiento de José María Bocanegra como su interino. Al abandonar la ciudad de México, parte de su guarnición se pronuncia por aquel movimiento. Esto lo lleva a desistir de combatir y se retira por su propia voluntad a las tierras sureñas, solicitando al congreso la solución de la disputa. De ahí vendría luego una persecución encarnizada en su contra, intentos de asesinarlo, y la decisión de combatir nuevamente, hasta que fue traicionado por Picaluga en enero de 1831.

El general Vicente Guerrero fue el segundo presidente de México. Descendía de ancestros negros e indios. Murió fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapam, como resultado de un juicio sumario cuyo origen estuvo en una junta secreta e ilegal que tuvo el vicepresidente Anastasio Bustamante con sus ministros para decidir la suerte del insurgente.

La sentencia del fusilamiento de Vicente Guerrero se sustentó en tres legislaciones de carácter secundario y no en la Constitución: La primera de ellas fue el "Decreto Número 364, de 27 de Septiembre de 1823", una ley para castigar a los salteadores de caminos; La segunda fueron los artículos 26, 27 ,42 y 45 y 66 del tratado 8º, título 10, de la "Ordenanza General del Ejército" dictada por Carlos V en España en 1769 para castigar la sedición; La tercera fue la ley 1ª, título 7º, libro 12 de la "Novísima Recopilación de Leyes de España" de 1805, para causas de traición. Estas dos últimas son leyes del periodo colonial y de acuerdo al orden de prelación, en caso de no existir legislación disponible por parte de los congresos mexicanos, podrían ser utilizadas, pero antes que ellas estaba el máximo ordenamiento.

Guerrero debió haber sido juzgado de acuerdo a la Constitución de 1824, con base en los artículos 107 y 108, ligados al 38, 39 y 40 y el primer párrafo del numeral V del artículo 137.

Decía el primero de ellos: "El presidente, durante el tiempo de su encargo, no podrá ser acusado sino ante cualquiera de las cámaras, y sólo por los delitos de los que habla el artículo 38, cometidos en el tiempo que allí se expresa."

Por su parte, el artículo 108 señala que: "Dentro de un año, contado desde el día en que el presidente cesare en sus funciones, tampoco podrá ser acusado sino ante alguna de las cámaras por los delitos de que habla el artículo 38, y además por cualesquiera otros, con tal que sean cometidos durante el tiempo de su empleo. Pasado este año, no podrá ser acusado por dichos delitos."

El artículo 38 refería que cualquiera de las cámaras podrá conocer en calidad de gran jurado de acusaciones contra el presidente por delitos de traición contra la independencia nacional, o la forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo de su empleo; o por actos de él mismo encaminados a impedir las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que se presenten a cumplir sus cargos en las épocas señaladas para ello, o a impedir el uso de las facultades que poseen constitucionalmente.

El artículo 39 disponía que la cámara de representantes hiciera exclusivamente de gran jurado, cuando el presidente o sus ministros sean acusados por actos en que hayan intervenido el senado o el consejo de gobierno en razón de sus atribuciones. Esta misma cámara servirá del mismo modo de gran jurado en los casos de acusación contra el vicepresidente, por cualesquiera delitos cometidos durante el tiempo de su destino.

El artículo 40, por su parte, establecía que la cámara ante la que se hubiera hecho la acusación de que hablan los dos artículos anteriores (el 38 y el 39) se erigirá en gran jurado, y si declarare por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes haber lugar a formación de causa, quedará el acusado en suspenso de su cargo, y puesto a disposición de tribunal competente.

Finalmente el artículo 137 señala en el numeral V, párrafo primero, dentro de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, la de conocer de las causas que se muevan al presidente y vicepresidente, según los artículos 38 y 39, previa la declaración del artículo 40.

En un supuesto, aunque no gobernaba en la ciudad de México, sino que combatía la administración de Bustamante, que había promovido su destitución con el argumento bajo de estar incapacitado permanentemente para gobernar, el periodo de Guerrero seguía vigente, ya que no se había convocado a nuevas elecciones. En el otro supuesto, como su destitución había acontecido en febrero de 1830, el plazo constitucional de un año no había terminado, toda vez que el juicio se le inició desde el 21 de enero a su llegada a Huatulco. Por ello debió ser juzgado de acuerdo a la Constitución.

Para entender una decisión totalmente ilegal tomada contra Guerrero, y cómo su color de piel también contó en la traición a la que fue sometido, necesitamos contextualizar los elementos que desataron esta respuesta de representantes de los sectores conservadores del país, cargada de deseos de venganza y racismo. Estábamos en una nación nueva que tenía una década de haber surgido, y en la que el pensamiento colonial y discriminatorio todavía prevalecía a pesar de que las leyes emitidas respaldaban los principios de igualdad de todos los mexicanos sin distinción de origen

En agosto de 1829, a cuatro meses de mandato, el presidente Guerrero fue investido por el Congreso de facultades extraordinarias por la invasión de Isidro Barradas buscando la reconquista. Con ellas, dispuso la venta en almoneda de los bienes de las temporalidades jesuitas y monacales, y las fincas rústicas y urbanas de la santa inquisición; acotó la libertad la prensa; mandó ocupar la mitad de los bienes de españoles no residentes en México; decomiso armas a los mismos; estableció préstamos forzosos a los estados para financiar la guerra. Lo que llevaría al descontento de los grupos centralistas y miembros de las élites.

Otros decretos más populares de Guerrero habían establecido medidas proteccionistas para impulsar la producción fabril y agrícola nacional; el de 5 por ciento anual de impuesto sobre las rentas mayores a 1000 pesos anuales y del 10 por ciento a los de ingresos de 10 mil o más, por el plazo de un año, así como pago de derechos de patente a almacenes, cajones y tiendas; la liberación del estanco del tabaco; el estableciendo el Instituto nacional que se encargaría de promover el sistema federal por todos lados así como las virtudes sociales de lo que constituiría una nueva moral pública.

Hubo también destacados decretos en materia de derechos humanos: uno indultando de pena capital a reos que la mereciesen de acuerdo a la ley; otro estableciendo la casa nacional de inválidos para militares discapacitados en las guerras; así como una amnistía a exiliados, del que se habrían beneficiado dos de sus posteriores verdugos: Barragán y Facio y su principal adversario de guerra, Nicolás Bravo.

Algo que pesó en el odio que despertó Guerrero en los herederos del régimen colonial, junto con la expulsión de españoles que había sido decretada antes que asumiera el poder, la guerra contra la invasión de Barradas y los decretos que afectaban las clases propietarias, fue la abolición de la esclavitud. Aunque su efecto real era limitado, la medida era tomada por un presidente con raíces negras y su efecto simbólico era una humillación para los que estuvieron siempre encima en la escala social colonial. Además, era la acción más revolucionaria después de la independencia: hacer iguales a todos, cuando hasta abajo, más abajo de los indios, habían estado siempre los esclavos, negros o asiáticos.

Desde la campaña de Morelos, Guerrero había hecho suyo el pensamiento y la acción igualitaria del cura de Valladolid y de Hidalgo. Parece que fue el sureño quien enmendó el punto 12 del borrador del Plan de Iguala, que otorgaba ciudadanía e igualdad sólo a españoles y naturales, o sus hijos, para quedar así:

"Todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción alguna de europeos, africanos, ni indios, son ciudadanos de ésta Monarquía con opción á todo empleo, según su mérito y virtudes."

Y es precisamente esa recuperación de las bases sociales e igualitarias de los iniciadores de la independencia y del Plan de Iguala, la que vuelve hacer Guerrero, ya como presidente, en su decreto.

Es cierto que en julio de 1824 se había emitido un mandato del Soberano Congreso General Constituyente prohibiendo el comercio de esclavos, pero no la esclavitud misma. Y es verdad también que varios estados contemplaban la desaparición de la esclavitud en sus constituciones particulares. Pero era la primera ocasión, en la nueva república, que se suprimía claramente a nivel federal, cuando todavía una gran región mexicana sustentaba su economía en el sistema de explotación esclavista: Texas.

Habrá que destacar que la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 no decía nada acerca de la esclavitud, aunque el tema había sido discutido en las sesiones del constituyente.

De esa manera, en uso de sus facultades extraordinarias, el presidente Guerrero abole la esclavitud a nivel federal el 15 de septiembre de 1829, el día del Grito de Dolores. Dijo el mencionado decreto:

"1. Queda abolida la esclavitud en la República.

2. Son por consiguiente libres los que hasta hoy se habían considerado como esclavos.

3. Cuando las circunstancias del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de esclavos, en los términos que dispusieren las leyes."

Por eso es importante la decisión del presidente Guerrero de emitir ese decreto en 1829, a menos de una década de la independencia. Sin duda, tenía fuerza moral fundamental para las tropas que lo respaldaban y para él mismo, por sus raíces enterradas en la población originaria y la que fue traída del África durante la dominación española. Parte de esas decisiones explicarán la traición y luego su fusilamiento el 14 de febrero de 1831 en Cuilapam.

Aunque con leyes republicanas y federalistas, México no dejaba de ser una sociedad dominada por el pensamiento colonial. Las castas, apelativo para la población con ascendientes africanos, eran el piso de la pirámide social, debajo de los indios; la diferenciación social y la desigualdad en base al color de la piel seguían, y seguirían, permeando al nuevo país.

Guerrero era criticado como ingenuo, falto de ilustración, incapaz y torpe en el ejercicio de la función presidencial. Lucas Alamán, diría de él: "No era éste a propósito para tener parte en el gobierno, por lo que hasta entonces, nunca se le había empleado ni en la Regencia ni el Consejo de Estado, pues aunque tenía bastante penetración y buen sentido natural, su falta de instrucción era tan absoluta, que apenas sabía firmar su nombre, y acostumbrado a vivir entre los insurgentes, con la continua desconfianza que estos tenían unos de otros, había adquirido tal hábito de suspicacia y disimulación, que, cuando hablaba, se podía asegurar que lo que decía era en contrario a lo que pensaba."

El sureño no era hombre de letras, pero tampoco era analfabeto. Parte de los sectores medios rurales y, por cosas de su mismo oficio de arriería, además de un conocedor profundo del terreno, sabía leer y escribir y conocía las matemáticas básicas. Pero a las clases acomodadas de la capital les molestaba que hablara en lenguas indígenas con la tropa (en náhuatl y mixteco, cuando menos), que comiera bajo un árbol en el campo cercano de la hacienda de Portales y no en los establecimientos capitalinos. Por su origen indígena y afro descendiente, sufrió el racismo y la discriminación.

Se dice que el comandante general de Oaxaca cuando su fusilamiento, coronel Joaquín Rodríguez y Sesmas, decía: "Con la piel del negro Guerrero voy a hacerme un par de botas."

El independentista Carlos María de Bustamante, no fue la excepción. Habría dicho sobre un levantamiento de afromexicanos en el puerto de Veracruz, que "Mucho daño pudo haberse dado si los rebeldes hubieran unido y sistematizado sus operaciones, pero nada significante pasó, porque al final fue sólo el comportamiento de negros." Y sobre el tixtleño escribió dentro de otras frases racistas: "El carbonero más infeliz otomí de Huixquilucan, es más digno de presidirnos que Guerrero."

Lorenzo de Zavala, amigo del insurgente, resume la discriminación étnica:

"Las personas con pretensiones de cultura y civilización abominaban la presidencia de un hombre que ni era blanco, ni podía alternar en los círculos de la bella sociedad en el desembarazo y naturalidad que dan la educación y el hábito. Las señoras de cierta clase no podían tolerar ni ver sin despecho y envidia ocupar un lugar entre ellas a una familia de color más oscuro. Todo en fin formó contra Guerrero un partido formidable entre la nueva aristocracia mexicana."

El pensamiento racista, aunado a los decretos populares que emitió y al clima social crispado, pesó en el ánimo de Anastasio Bustamante y sus ministros, que olvidaron al último héroe de la independencia y conjuraron su captura y muerte, no obstante que habían ofrecido presentar al congreso un proyecto de amnistía.

En vano hubo proposiciones en el congreso de suspender las sentencias hasta que se aprobara la ley de amnistía; ni la voz del congreso zacatecano pidiendo no aplicar la pena capital al general Guerrero; ni la del comandante general de Veracruz, Pedro Landero, pidiéndole gracia a Bustamante para el caudillo; ni el viaje que realizó a México el oaxaqueño don Manuel Jimeno Bohórquez Varela, para suplicar su vida. Tampoco lo hubiera podido hacer la carta de Santa Anna, incluyendo la solicitud de intervención que le enviara doña Guadalupe de Guerrero a favor de su esposo, o porque la remitió un día después de que había sido fusilado en Cuilapam el 14 de febrero de 1831. Bustamante se lavo hipócritamente las manos diciendo que era un asunto judicial.

Toda la documentación relativa a la traición y captura de Guerrero, desapareció de los archivos de la Secretaría de Guerra y Marina. Un estudioso de esos tiempos halló "muestras visibles de haber sido de intento mutiladas." Tampoco pudo conocerse en el juicio de Guerrero, ni en la posteridad, las cartas decomisadas en Huatulco, que había escrito y entregado a otro detenido, Manuel Zavala, para que las llevara a Barragán, Facio, Bustamante y Alamán. Por eso, aunque dos años más tarde, en 1833, a los ministros Alamán, Facio, Mangino y Espinosa les fue instruida causa por el gran jurado de la cámara de diputados, no pudieron culparlos ante la ausencia de documentación y su reiterada negativa a que hubiera existido la reunión de ministros en la que decidieron su asesinato. Pero no escaparon del juicio de la historia.

JAIME BAILÓN
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