Invisibilidad afromexicana

El desconocimiento oficial sobre las características y necesidades de la población afrodescendiente, así como las dificultades sistemáticas para que los indígenas accedan a la justicia, son los rasgos más destacados de la discriminación racial en México, tal como se desprende de los informes que, a mediados de febrero pasado, rindieron ante la Organización de las Naciones Unidas tanto el gobierno del presidente Felipe Calderón como distintas agrupaciones defensoras de los derechos humanos del país.

Encabezada por Ricardo Bucio, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la delegación mexicana que viajó a Ginebra resumió ante el Comité de la ONU en la materia los progresos alcanzados en el presente sexenio en la atención del “maravilloso mosaico” pluricultural mexicano, en tanto que distintas agrupaciones civiles rindieron “informes sombra”, tal como los definió el mismo Bucio, con el objetivo de atemperar el reporte oficial y poner énfasis en las tareas que aún quedan pendientes.



A seis años de que el Comité contra la discriminación racial de la ONU pidiera al gobierno mexicano generar información sobre las comunidades de descendientes africanos asentadas en el país, que permitieran no sólo conocer su actual estado, sino, sobre todo, desarrollar políticas efectivas para su atención, Ricardo Bucio, titular del Conapred, debió reconocer el pasado 14 de febrero que, a la fecha, son pocos los progresos en esta materia.

Según la Conapred, se estima que en México la población afrodescendiente es de 450 mil personas, la mayoría asentados en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, así como en Tabasco, Chiapas, además de una “importante presencia” de afromexicanos en Veracruz, Michoacán, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

Sin embargo, se carece de certeza en torno a dichos datos, ya que el INEGI no tiene registro de la población afrodescendiente y, cuando en 2010 se le solicitó recabar información sobre este sector de la población, a través de su censo nacional, la institución declinó la petición, a pesar de que había sido formulada por representantes de comunidades afrodescendientes mexicanas y apoyada por el Conapred.

“Es necesario reconocer –señaló Bucio– que dicha información no se generó en el reciente Censo 2010″. Sin embargo, adelantó, el INEGI “llevará a cabo un estudio muestral” para identificar las características de la población afromexicana, aunque no especificó cuándo.

Ya con antelación, el Conapred había reconocido que “los pocos datos existentes conllevan a una seria dificultad para diseñar programas y medidas en favor de una incorporación más igualitaria (de la población afrodescendiente) con base en las necesidades particulares de este grupo, para que también sean destinatarios de las ventajas de vivir en una sociedad ordenada”.

Además, añade su portal de internet, “la invisibilidad (de este sector poblacional) facilita la violación de derechos y libertades (…), aumenta la vulnerabilidad, se fomenta la repetición de la exclusión y la discriminación en el acceso a derechos y oportunidades”.

Al respecto, la agrupación Amnistía Internacional recordó al Comité de la ONU para la Prevención de la Discriminación Racial que los afromexicanos no están reconocidos por ningún ordenamiento nacional, no se les contempla ni siquiera en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de hecho, la única entidad federativa que les menciona en su carta magna es Oaxaca.

Fuente: http://www.animalpolitico.com/2012/03/tres-estampas-mexicanas-de-la-discriminacion-racial/